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TitleIntroduccion a la Criminologia y al Derecho Penal - Winfried Hassemer, Francisco Muñoz Conde
TagsCriminal Law Felony Criminology Punishments
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intereses humanos ante las agresiones de los infractores de las normas,
sino también protección de esos intereses solucionando y elaborando el
conflicto que ha surgido con la infracción normativa. Es esta doble
función protectora la que justifica el Derecho penal. El control social con
los medios del Derecho penal pero sin formalización sería una auténtica
barbarie.

Esta función formalizadora la lleva a cabo el Derecho penal de dos
formas'^^':

-estableciendo con publicidad y claridad ya antes de su intervención
la clase y las consecuencias de esa intervención y haciendo previsible,
controlable y corregible la intervención misma ("técnica de protec-
ción").

-Vinculando su intervención a principios que, en el marco de lo
posible, eviten que el control social jurídicopenal imponga lesiones
jurídicas innecesarias ("principios valorativos") .

d') Técnicas de protección

Mientras que las normas del control social poco formalizado de la
vida cotidiana sólo se ven cuando se impone una sanción, al permanecer
en general tanto la norma como la sanción en un plano difuso, el Derecho
penal está obligado a dar toda la información que sea posible y con la
mayor publicidad tanto sobre sus normas prohibitivas o imperativas,
como sobre las sanciones y el procedimiento adecuado para imponerlas.
La actuación del Derecho penal no puede ni sorprender ni engañar al
afectado por ella, y tiene que ser públicamente controlable, criticable y,
en caso de error, susceptible de corrección.

Estas metas sólo pueden lograrse en la medida en que los presupues-
tos y modos del control social jurídicopenal sean "seguros"; este es el
sentido que tiene el principio de legalidad visto desde el punto de vista
de la formalización'"'.

El mandato de seguridad o de certeza, así como las prohibiciones de
analogía, de aplicación retroactiva de la ley desfavorable y de utilización
del derecho consuetudinario en perjuicio del reo son reforzados en su
eficacia formalizadora por otros instrumentos de la Administración de
Justicia penal.

Una cultura jurídica diferenciadora permite desarrollar, no sólo a
través de la legislación y la práctica jurídicopenal, sino también de la
elaboración técnica del Derecho penal '̂ '*', una técnica diferenciada de
protección que acoge y realiza el principio de legalidad.

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Esta técnica protectora es llevada a cabo por el legislador penal a
través de diversos instrumentos, como las definiciones legales '̂ '", la
sistematización de la materia (distinción entre Parte General y Parte
Especial, agrupación de los delitos en secciones y capítulos dentro del
Código penal, etc.) '**"', la jerarquización de los tipos en básicos, privi-
legiados y cualificados' ^", o la utilización de otros métodos descriptivos
'**-' que dejan mayor libertad al juez, aunque a costa de exigirle un mayor
nivel en la fundamentación de sus fallos "*'', o la cualificación del hecho
injusto con especiales elementos referidos al deber '**̂ '.

Todas estas sistematizaciones, diferenciaciones y concreciones son
consecuencia de la necesidad formalizadora del Derecho penal, siempre
que naturalmente ello no implique una excesiva complejidad del sistema
normativo, sino una elevación del nivel informativo de los presupuestos
del control social jurídicopenal, mejorando así la posibilidad de control
de las decisiones que se basan en estos presupuestos.

Lo mismo cabe decir de las disposiciones legislativas en materia
procesal y de ejecución de penas, como las que se refieren a organización
de los tribunales, competencia de los mismos, ordenación del proceso o
de la ejecución de penas, etc. No sólo la norma y la sanción previsible en
caso de infracción, sino el proceso que hay que observar en su realización
y ejecución, constituyen elementos del control social. Sólo en el proceso
y en la ejecución de la pena se realizan la imputación y la pena pública,
posibilitando además que se impongan dolorosas privaciones de dere-
chos no sólo al implicado, sino también a sus parientes o incluso a los
testigos que tienen que comparecer en juicio, con las consiguientes
molestias que ello comporta. Por todo ello, la exigencia formalizadora se
extiende también sin reservas a estos elementos del control social
jurídicopenal.

La culminación de la técnica protectora del Derecho penal como
elemento integrante de la formalización se produce en la praxis judicial
apoyada, en mayor medida que por la legislación penal, por la ciencia y
la teoría jurídicopenal.

Precisamente son la Dogmática jurídicopenal con todas sus comple-
jidades y el Derecho judicial quienes concretan y funcionalizan '**̂ ' las
tareas políticocriminales respecto a la norma, la sanción y el proceso, de
forma que alcancen el grado de precisión que es necesario para una praxis
judicial equitativa y controlable, colaborando de este modo en la misión
del Derecho penal y en su justificación.

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